Columna de Pía Martabit, docente del Instituto de Humanidades, publicada el viernes 09 de octubre.
Una de las inseguridades inesperadas que conlleva realizar un proceso democrático tan complejo como un plebiscito constitucional en pandemia es, principalmente, la confluencia de personas en las urnas de votación: una celebración democrática se transforma en una amenaza a la seguridad sanitaria para las personas.
En respuesta a esta inseguridad, se ha hablado de trasladar el proceso electoral al ciberespacio. Sin embargo, atender la inseguridad sanitaria de esta manera solo pone en riesgo la (ciber)seguridad del proceso democrático.
Se ha celebrado por muchos la digitalización de la vida y, en asuntos políticos, se ha celebrado la digitalización de las campañas y movilización política como, también, la modernización del Estado y el uso de las plataformas virtuales para generar transparencia. Aquel aspecto menos desarrollado de lo que se puede entender como ciberdemocracia es, precisamente, el sufragio. ¿Por qué? Porque el voto electrónico presenta importantes barreras legales, de legitimidad y de seguridad.
La principal barrera legal es el art. 15 de la constitución chilena, que indica que el sufragio es personal y secreto. Cuando se digitaliza el voto y el proceso se hace remoto, el voto se hace delegable, es decir, se puede entregar mi poder de voto a otro y, por tanto, deja de ser personal. Además, no se puede asegurar que sea secreto, porque el sistema no puede cerciorarse que un individuo no vote en presencia de otro. Un voto electrónico entonces no cumple con estas dos reglas mínimas que consagra no solo la actual Constitución, sino también, los tratados internacionales que velan por elecciones democráticas.
Otra barrera es la de la legitimidad, y tiene estrecha relación con las brechas de conocimiento, comprensión y uso de las tecnologías de la información que tiene la población. Un voto electrónico requiere un sistema informático que demanda un conocimiento técnico para poder comprender y, por ende, legitimar el proceso electoral y sus partes por la ciudadanía. Si un ciudadano no entiende cómo funciona el sistema eleccionario en su formato digital ¿cómo puede asegurarse que fue democrático? ¿Cómo puede cerciorarse que fue secreto, y que su voto fue contado?
Finalmente, existe una barrera de ciberseguridad que nos impide lograr un voto electrónico seguro. Esta ciberseguridad se ve amenazada por la existencia de virus informáticos que podrían afectar la disponibilidad del sistema online, la confidencialidad de los datos del votante y el contenido del voto, como también su integridad.
La única posibilidad que tenemos de un voto electrónico legítimo, seguro y democrático sin estas mencionadas barreras es a través de un largo proceso de digitalización de la sociedad, donde se pueda comprender y validar el nuevo sistema, como también, inculcar una cultura de ciberseguridad democrática en los ciudadanos.
